En Colombia, luego de largas luchas y de algunos avances legislativos, comienza a abrirse paso el reconocimiento de este derecho. No obstante, encuentra aún numerosos obstáculos para su realización universal y plena. La impunidad generalizada es tal vez el mayor de ellos. Pero además existen múltiples formas de distorsionar o estigmatizar la reparación. Las políticas del actual gobierno pretenden convertir medidas de asistencia social en actos que supuestamente repararían de manera satisfactoria a las víctimas. La concepción subyacente a esa clase de políticas consiste en convertir un derecho y un deber en una especie de concesión generosa del Estado.

Con frecuencia se intenta también contraponer el derecho a la reparación a los derechos a la verdad y a la justicia. La consecuencia de tales distorsiones es degradar en forma adicional la condición de la víctima: de manera implícita se le ofrece una reducida indemnización a cambio de que renuncie a la búsqueda de la sanción judicial y al esclarecimiento pleno de los crímenes. Como si esto fuera poco, en los contados casos en que se presenta una sentencia indemnizatoria de la justicia doméstica o internacional, los funcionarios del Gobierno y sus aliados suelen presentarla como un lucrativo negocio de las víctimas y sus abogados.

En diciembre pasado, el Consejo de Estado sentenció a la Nación a indemnizarme a mí y a mi familia por el asesinato del senador Manuel Cepeda. A pesar de reconocer la responsabilidad estatal en dicho crimen, el reconocimiento viola el derecho a la verdad. El alto tribunal aceptó la responsabilidad sólo por la omisión de los funcionarios públicos al no proteger la vida del senador Cepeda, y no por la acción criminal que urdieron y ejecutaron miembros del Ejército Nacional en compañía de paramilitares, como ya ha sido demostrado.

En múltiples ocasiones se me ha acusado públicamente de lucrarme con los dineros de la reparación a las víctimas. Dichas acusaciones han provenido incluso del propio Presidente de la República, quien me ha calificado de “posar de víctima de violación de derechos humanos” y de utilizar la protección de las víctimas para “pedir plata en la comunidad internacional”.

El hecho de que la sentencia proferida riña con mi derecho a la verdad, y que se utilice en forma permanente la calumniosa acusación de que me enriquezco con la labor de derechos humanos que realizo, me ha llevado a tomar una decisión. En forma individual, renuncio a toda indemnización por el caso del asesinato de mi padre. Donaré esos dineros a un fondo para que algunos de los hijos y descendientes de víctimas del genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica puedan recibir educación. Y para formalizar este compromiso he solicitado que se certifique públicamente la donación.

Esta decisión no debe ser interpretada de ninguna forma como un gesto que impugne o descalifique el derecho a la reparación. Por el contrario, es mi forma personal de reivindicar ese derecho y de exigir que sea respetada la dignidad de las víctimas. Tampoco significa que renuncie a mis derechos a la verdad y a la justicia. Tal es el fin último y la motivación ética de mi trabajo.

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