El jurista aseguró que sumado a estas amenazas, el pasado Jueves Santo fue informado por miembros de la propia comunidad de Chivolo que supuestamente un pequeño ejército, de entre 8 y 15 hombres, se está moviendo en la zona y contarían con la protección de varios empresarios beneficiarios del despojo, que convirtieron varias de las fincas de los campesinos en lotes agroindustriales de gran envergadura.

"Si bien es cierto que el Gobierno ha dispuesto de la ley de víctimas y de alguna presencia institucional acciones y operaciones para proteger a los líderes, no queremos que se repita el caso del líder de restitución de tierras Manuel Ruiz, recientemente asesinado junto a su hijo en Chocó o el crimen hace dos años del también líder campesino Rogelio Martínez, ocurrido en San Onofre, Sucre”, agregó.

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